El nuevo marco legal amplía las posibilidades para crear comunidades energéticas en municipios rurales

El Gobierno aprobó el pasado 20 de marzo el Real Decreto-ley 7/2026, publicado en el BOE el 21 de marzo, en el marco del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. Más allá de las medidas coyunturales para contener el precio de la energía, la norma incluye un bloque estructural que transforma de forma significativa las condiciones en que ciudadanos, ayuntamientos y entidades locales pueden organizarse para generar y compartir energía renovable.

Los ayuntamientos, actores clave

El RDL 7/2026 da un paso especialmente relevante para la administración local: incorpora entre las competencias municipales la promoción y participación de los ayuntamientos en comunidades ciudadanas de energía y de energías renovables, así como la adopción de medidas de eficiencia energética, electrificación y autoconsumo. A ello se suma un incentivo fiscal directo: los ayuntamientos pueden bonificar hasta el 50% en el IBI por la cesión de espacios vinculados a comunidades energéticas, lo que abre la puerta a que los consistorios faciliten activamente la puesta en marcha de estos proyectos colectivos.

Mayor alcance para el autoconsumo colectivo

Una de las novedades más relevantes para los entornos rurales es la ampliación de la distancia máxima permitida entre la instalación de generación y los consumidores asociados: instalaciones fotovoltaicas o eólicas de hasta 5 MW pueden ahora compartir energía con consumidores situados a hasta 5 kilómetros, frente al límite anterior de 2 kilómetros. Esto significa que un municipio puede vincular su consumo a una instalación solar ubicada en el término municipal aunque no esté en el mismo edificio o en la misma parcela. Además, se suprimen las restricciones de suelo, permitiendo instalar en suelo rústico, cubiertas, marquesinas o suelo industrial, y se crea la figura del Gestor de Autoconsumo, regulado en la Ley del Sector Eléctrico, como persona física o jurídica autorizada para representar a consumidores asociados y gestionar instalaciones colectivas.

Una oportunidad para los municipios de la provincia

Estas medidas refuerzan el marco en el que trabaja la Oficina de Transformación Comunitaria (OTC) Provincial de Badajoz, impulsada desde el Área de Sostenibilidad Ambiental, Energía y Territorio Verde de la Diputación de Badajoz, que desde su puesta en marcha ha acompañado a municipios de menos de 20.000 habitantes en el desarrollo de sus propias comunidades energéticas locales. La norma promueve un desarrollo más integrado en el territorio, priorizando espacios menos sensibles ambientalmente o ya transformados, y fomentando la participación de la ciudadanía y las pymes a través del autoconsumo, las comunidades energéticas y mecanismos de participación pública reforzados, asegurando retornos socioeconómicos positivos en el territorio. Un enfoque plenamente alineado con los objetivos de la OTC y con la apuesta de la Diputación de Badajoz por una transición energética justa y de base local.